La cuenta oficial de Gmail que la repartición de Gobierno utiliza para coordinar pautas envió un mensaje despectivo al presidente gremial de las radios un día después de ser criticada por su aislamiento medial. Pese a la gravedad del ciberdelito que invocan, la autoridad se niega a denunciar el hecho ante la Fiscalía.
Una grave situación que vulnera la probidad administrativa, la ciberseguridad del Estado y las garantías de la libertad de prensa sacude a la Región de Tarapacá.
La Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal se encuentra en el ojo del huracán tras emitir un correo electrónico de hostigamiento y menoscabo dirigido al presidente local de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Rodolfo Aguirre Villar y a los locutores y radio controladores de las radios del Tamarugal San Andrés FM, Almontina FM y Gigante FM.
El hecho ocurrió apenas 24 horas después de que el líder gremial emplazara públicamente a la delegada provincial por su sistemática negativa a asistir a las radios locales de la provincia y otorgar entrevistas a los medios de comunicación de la zona.
La «Burla» Institucionalizada.
A través de la cuenta de correo electrónico comercial con formato Gmail que la Delegación del Tamarugal valida e impone de facto para el despacho diario de minutas, pautas y comunicados de prensa, se remitió un mensaje masivo —con copia a otros medios provinciales y regionales— que señalaba textualmente: «Estimados, te dejo un recuerdo por tu derrota de ayer, saludos.»
El texto, lejos de ser un error aislado, evidenció una clara represalia frente a la fiscalización y la legítima crítica gremial emanada desde ARCHI Tarapacá por el apagón informativo de la autoridad.
La insólita defensa: Un «hackeo» sin denuncia penal.
Al ser consultada formalmente por este medio, la Delegación del Tamarugal intentó desmarcarse del mensaje esgrimiendo una polémica justificación: afirmaron que su cuenta de prensa había sido hackeada. Sin embargo, al ser requeridos sobre las acciones legales obligatorias que debe tomar cualquier estamento público ante una vulneración de seguridad o ciberdelito (bajo la Ley 21.459 de Delitos Informáticos), la repartición gubernamental reconoció no haber realizado ninguna denuncia ante el Ministerio Público ni las policías, argumentando insólitamente que «no correspondía por no tratarse de un correo institucional.
La Delegación carece de sustento legal. Los funcionarios públicos chilenos están obligados por el Artículo 175 del Código Procesal Penal a denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en un plazo de 24 horas. Al eludir la denuncia en Fiscalía, la autoridad provincial evita que la Brigada del Cibercrimen de la PDI rastree las direcciones IP de Google. Dicha pericia técnica determinaría de forma científica si el mensaje despectivo salió de los computadores de la propia Delegación o del teléfono de algún funcionario activo, lo que configuraría el delito de denuncia falsa si insisten en la teoría del hackeo”.
Ante la gravedad de los hechos, el caso será elevado a la Contraloría General de la República para que inicie un sumario administrativo por la grave falta a la probidad, el uso de canales informales comerciales para fines del Estado y la omisión del deber de denuncia. Asimismo, se ingresaron requerimientos mediante la Ley de Transparencia para obligar al organismo a exhibir los supuestos informes técnicos de seguridad que validen su versión del hackeo.