Es lamentable que, frente a un episodio de vulneración de la frontera, haya quienes prefieran levantar una cámara y declarar que todo ha sido un fracaso. Es una reacción comprensible en la lógica de las redes sociales, donde una imagen puede transformarse rápidamente en una consigna, pero profundamente insuficiente para abordar uno de los problemas más complejos que enfrenta nuestro norte.
Porque sostener que las medidas implementadas son solo un «show comunicacional» es igual a desconocer que hoy el crimen organizado está destinando tiempo, recursos y logística para intentar recuperar espacios que hasta hace algunos meses utilizaba sin resistencia.
En la macrozona norte no estamos enfrentando delitos menores ni grupos improvisados. Estamos hablando de organizaciones criminales que mueven millones y millones de pesos, que cuentan con tecnología, redes de apoyo y capacidad para adaptarse a los controles que el Estado implementa. Incluso, las investigaciones de los últimos años han demostrado que son capaces de corromper instituciones públicas y privadas con tal de proteger sus negocios ilícitos.
Por eso, cuando el Estado fortalece la vigilancia de la frontera, incorpora infraestructura, despliega patrullajes o aumenta las capacidades de monitoreo, estas organizaciones buscan nuevas formas de vulnerar esos controles. Y que intenten hacerlo no significa que las medidas implementadas no funcionen, sino que demuestra la resistencia de un crimen organizado que durante décadas encontró espacios para operar con mayor facilidad y que hoy enfrenta una respuesta decidida, firme e inflexible de parte del Gobierno.
Ante hechos puntuales, las autoridades a cargo del resguardo fronterizo ya han informado que las barreras físicas están siendo diariamente vigiladas, intervenidas y fortalecidas, contando con patrullajes permanentes y monitoreo tecnológico. Esa es la naturaleza de este desafío, que demanda un trabajo constante, donde la infraestructura, la tecnología y la coordinación institucional deben actuar de manera complementaria para proteger a las familias tarapaqueñas.
Por tal motivo, no podemos permitir que la seguridad fronteriza se transforme en una disputa de consignas o en una competencia por obtener un mejor rendimiento en redes sociales. Las amenazas que nacen de los pasos no habilitados afectan a todos por igual y sus consecuencias las viven las familias de la región, sin distinción política alguna.
Siempre será legítimo exigir más recursos o proponer nuevas herramientas. Sin embargo, lo que no ayuda es instalar la idea de que cualquier vulneración invalida los esfuerzos que se están realizando. Porque combatir al crimen organizado exige perseverancia, unidad y una mirada de largo plazo.
La defensa de nuestras fronteras no pertenece a un gobierno ni a un sector político, sino que es una causa regional y nacional que demanda responsabilidad y trabajo conjunto, porque el adversario que tenemos al frente no distingue ideologías y sus lamentables acciones terminan perjudicando a toda la Región de Tarapacá.
Yuseff Hilaja Rumie
Seremi de Gobierno de Tarapacá