Una oportuna denuncia ciudadana permitió que la Fiscalía de Alto Hospicio formalizara este miércoles a un imputado detenido por la Policía de Investigaciones por el delito de receptación de más de 800 kilos de cable de cobre robado, avaluado en cerca de 20 millones de pesos. El procedimiento se realizó tras una fiscalización a una chatarrería clandestina ubicada en el sector El Boro de la comuna.
En la audiencia de formalización, la abogada asistente Francisca Vergara informó que el 31 de marzo de 2026, aproximadamente a las 17:30 horas, funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Iquique de la PDI, en el marco de diligencias originadas por una denuncia previa, fiscalizaron un local de compra y venta de chatarra, sorprendiendo al imputado de iniciales L.A.T.A., chileno y de 62 años de edad, manteniendo bajo su custodia dos sacas con cables de cobre utilizados para conducción eléctrica de baja y media tensión, con un peso aproximado de 853 kilos, los que presentaban características propias de cableado sustraído desde redes de suministro eléctrico.
Durante el procedimiento se constató que el imputado no mantenía documentación que acreditara la procedencia lícita del material y que el local no se encontraba registrado conforme a la normativa vigente para establecimientos dedicados a la compra de metales. Además, por instrucción del Ministerio Público, y en el marco del foco investigativo coordinado con empresas privadas, personal de la empresa eléctrica CGE verificó que los cables correspondían a especies sustraídas desde sus instalaciones, encontrándose cortados y desarmados para su comercialización.
El fiscal jefe de Alto Hospicio, Hardy Torres, destacó que “este caso da cuenta de la cooperación de la sociedad civil con la policía. Claramente se necesita del apoyo de la ciudadanía que denuncia y entrega información que permite focalizar fiscalizaciones en delitos como el robo de cables”.
Por su parte, el jefe de la BIRO Iquique, subprefecto Luis Belmar, señaló que, “a partir de la denuncia y antecedentes previos, se logró establecer el funcionamiento de una chatarrería clandestina donde el imputado comercializaba el material, el cual posteriormente sería distribuido hacia otros puntos de la región”.
Tras ser formalizado por el delito de receptación, el imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, fijándose un plazo de investigación de 60 días, periodo en el que se realizarán diligencias destinadas a determinar la participación de otros involucrados y el destino final del cobre recuperado.