Por los delitos de robo con violencia, lesiones menos graves y amenazas fue formalizado por la Fiscalía Local de Iquique un imputado que la tarde del domingo intentó robar, agredió físicamente y amenazó de muerte al presidente de una junta de vecinos del centro de la ciudad.
En la audiencia de formalización, la abogada asistente Daniela Perea informó que los hechos ocurrieron el 21 de diciembre del presente año, cerca de las 15:30 horas, cuando la víctima se encontraba almorzando en un restaurante ubicado en la intersección de las calles Juan Martínez con Thompson. En ese lugar, el imputado B.J.V.M., de nacionalidad colombiana y 25 años de edad, abordó al dirigente vecinal, lo amenazó de muerte, intentó sustraer el teléfono celular que la víctima mantenía en su mano y posteriormente le propinó un golpe de puño en el rostro.
Tras retirarse del local, el imputado regresó horas más tarde al sector, vistiendo otras prendas y manteniendo una actitud intimidante. Ante esta situación, la víctima realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros, tras lo cual personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Iquique, con apoyo de la central de cámaras de seguridad municipal, logró ubicar al imputado cuando aún rondaba el sector, procediendo a su detención.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los antecedentes de atención de urgencia de la víctima en el Hospital Regional de Iquique, los que acreditaron que resultó con lesiones menos graves en su ojo derecho producto de la agresión. Asimismo, se incorporó un informe de análisis de cámaras privadas y municipales que registraron tanto el ataque como la posterior detención del imputado.
La Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional de Tarapacá tomó contacto con el dirigente vecinal para gestionar las medidas de protección y apoyo disponibles por parte del Ministerio Público.
Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el tribunal al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, además del peligro de fuga. Se fijó un plazo de investigación de 100 días.